Hasta 1999 no existía en España agencia, organismo o institución alguna que se ocupara -desde la perspectiva del método científico- de estudiar y divulgar conocimiento sobre los posibles efectos de las radiofrecuencias en la salud. En ese año, el Dr. Francisco Vargas, subdirector de Salud Ambiental y Laboral del Ministerio de Sanidad y Ciencia, convocó a un grupo de profesores e investigadores y creó el Comité de Expertos en Radiaciones No Ionizantes (RNI), coincidiendo con la publicación de la Recomendación del Consejo de Ministros de Sanidad de la UE para la protección del público ante RNI.
La misión de este comité de expertos fue la de asesorar al Ministerio de Sanidad y Ciencia y a otras instituciones en estrategias de protección del público ante RNI ambientales en el rango Hz-GHz, realizando una revisión crítica de la evidencia científica y redactando un documento con conclusiones y recomendaciones para el control y límite de exposiciones para el público.
El Comité, que estaba compuesto por nueve expertos independientes procedentes de distintas instituciones públicas (dos físicos, dos ingenieros, dos médicos, un biólogo, un biofísico y un epidemiólogo) realizó una encomiable labor altruista durante 20 meses.
Entre 2002 y 2003, el Dr. Francisco Vargas fue sustituido por el Dr. Francisco Marqués al frente del Comité de Expertos Independientes (CEI) y uno de los ingenieros lo abandonó para ser sustituido por una epidemióloga, pero la misión continuó siendo la de revisar la evidencia reciente y elaborar conclusiones y recomendaciones.
A principios de 2004 se disolvió el CEI, que cumplió sus objetivos de evaluación e información, pero era necesaria una continuidad; España precisaba dotarse de un comité de expertos en protección ante RNI que actuara como referente local e interlocutor internacional, que revisara e interpretara periódicamente la evidencia reciente, y que a partir de sus conclusiones propusiera estrategias de protección para público ante exposiciones actuales y emergentes, que propusiera estrategias de investigación y que informara a instituciones y autoridades.
El deseado comité debería generar confianza entre los ciudadanos y las instituciones; ser multidisciplinar y equilibrado en áreas de conocimiento; estar asignado a un organismo público ante el que rendiría cuentas; disponer de recursos humanos y materiales; y debería poder ser consultado por otros organismos, locales, estatales o supranacionales.