El número de fuentes emisoras de campos electromagnéticos de radiofrecuencia (CEM-RF, 100 kHz–300 GHz) se ha diversificado y extendido en las últimas décadas, impulsado por la expansión de tecnologías de telecomunicaciones (telefonía móvil, redes Wi-Fi, despliegue de 5G, Internet de las Cosas) y por su integración en múltiples ámbitos (domésticos, industriales, médicos o de seguridad).
Aunque los niveles de exposición ambiental en la población general suelen mantenerse bajos y dentro de los límites establecidos (Ramirez-Vazquez et al., 2024a), la omnipresencia de estas fuentes ha generado un escenario de exposición continua y heterogénea (Jalilian et al., 2019; Ramirez-Vazquez et al., 2023).
Este contexto, junto con la incertidumbre científica sobre posibles efectos no térmicos, ha alimentado la preocupación social y el interés regulatorio (Ramirez-Vazquez et al., 2024b). Ya desde finales de los años noventa, distintos gobiernos, organismos internacionales y grupos de expertos comenzaron a señalar la necesidad de valorar rigurosamente las consecuencias sanitarias de estas exposiciones, dando lugar a evaluaciones científicas de referencia como las de la IARC (Baan et al., 2011) o el SCENIHR (European Commission, 2015).
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